A partir de un proyecto de la diputada María José Sanz (UCR), presentado en el mes de abril, se le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que estableciera los medios necesarios “para que los celulares y dispositivos de comunicación tecnológicos que permanecen en calidad de secuestrados en sede judicial, fueran puestos a disposición de la Dirección General de Escuelas con el objeto de ser distribuidos entre los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad”.
“Es necesario adoptar medidas tendientes a garantizar la continuidad pedagógica de manera digital y fortalecer la conectividad en aquellos sectores más vulnerables”, explica Sanz, y por ello la presentación de la iniciativa, ya que existen ocasiones en las que los celulares secuestrados y dispositivos de comunicación tecnológicos no son reintegrados a sus titulares por diferentes razones.
Por lo tanto, se entiende que esos dispositivos móviles, que se encuentran en poder de la Justicia de la provincia de Mendoza, no identificados por sus propietarios; deben ser distribuidos equitativa y criteriosamente entre los alumnos en situación de vulnerabilidad, a fin de garantizar el derecho al acceso a la Educación.
La pandemia del Covid-19 (Coronavirus) llegó y ha obligado a modificar el normal desenvolvimiento de las actividades en las comunidades, sus costumbres, sus rutinas; y la Argentina no se encuentra exenta. En el país, entre otras medidas, se suspendieron las clases presenciales y se ha logrado, con el esfuerzo de muchos actores y trabajadores, la digitalización de contenidos.
Sin embargo, no podemos ignorar las dificultades que algunos alumnos y alumnas presentan, a la hora de poder acceder a esta nueva forma de escolaridad. En algunos casos, la falta de medios económicos no les permite acceder a una computadora o a un celular para conectarse con estos contenidos. Por ello, darle utilidad a esos aparatos tecnológicos sería de suma importancia para la educación en la provincia.
Finalmente, la legisladora destacó la rápida y eficiente respuesta del Poder Judicial, y en particular al Dr. Darío Bermejo, por haberse hecho eco de este proyecto y haber arbitrado los medios necesarios a fin de facilitar la entrega de estos celulares a Dirección General de Escuelas, en beneficio de la educación de los que menos tienen.
